Casi uno de cada cinco diputados aún no presentó la declaración jurada patrimonial correspondiente al año pasado, algo que todos deberían haber hecho hace más de dos meses.
De acuerdo con el listado que se publica en el sitio de Internet oficial de la Cámara de Diputados, actualizado al viernes pasado, los legisladores incumplidores son 48, sobre un total de 257.
Aunque hay una mayoría de oficialistas, en la nómina de los que aún no hicieron la presentación anual figuran diputados de casi todos los bloques numerosos, como la UCR, el Peronismo Federal, Proyecto Sur y el Partido Socialista. Las excepciones son la Coalición Cívica (CC), Pro, Nuevo Encuentro y GEN, que tienen un índice de cumplimiento perfecto.
Desde la sanción de la ley de ética pública, en 1999, los funcionarios de los tres poderes del Estado están obligados a presentar su declaración jurada de bienes. Deben hacer una rendición apenas asumen en sus cargos, actualizarla una vez por año y entregar una última luego de que cesan en sus funciones. Para presentar la actualización correspondiente a 2009, los diputados tenían tiempo hasta el 31 de junio pasado.
La obligación también alcanza a los senadores, pero la Cámara alta no publica la nómina de incumplidores. En el Poder Ejecutivo, la lista se publica, pero el porcentaje de funcionarios en falta no llega al cinco por ciento del total.
La finalidad de la ley es generar un sistema para controlar las variaciones patrimoniales de los funcionarios, ya sea por medio de un requerimiento judicial o a partir de un control de los propios ciudadanos. Por ese motivo, las declaraciones juradas son de acceso público. La norma fijaba, además, un sistema de seguimiento de las rendiciones de cada funcionario, a cargo de una Comisión Nacional de Etica Pública, pero ese organismo nunca llegó a formarse desde que la respectiva ley se sancionó en 1999, cuando Carlos Menem aún estaba en el poder.
Pasaron varios gobiernos y cambiaron las mayorías parlamentarias, pero muchos legisladores siguen sin cumplir con la presentación de declaraciones de sus bienes y la norma que brega por la ética pública no se cumple en su totalidad.
Al tope del ranking
Como bloque más numeroso de la Cámara baja, el oficialista Frente para la Victoria es también el que encabeza el ranking de diputados incumplidores, con 22 legisladores en falta en su declaración patrimonial de bienes, lo que representa más de un cuarto de la bancada que responde a la Casa Rosada.
En ese grupo se destacan Gerónimo Vargas Aignasse (Tucumán), Paulina Fiol (Santa Fe), Timoteo Llera (Misiones), Ariel Pasini (Buenos Aires) y Evaristo Rodríguez (Santa Cruz), que también adeudan las declaraciones juradas correspondientes a 2008 y 2007, según el registro que lleva la Secretaría Administrativa de Diputados. Por otra parte, los diputados Rafael López (Formosa) y Nora Bedano (Córdoba) deben las declaraciones de bienes correspondientes a los años 2009 y 2008.
El bloque de la UCR, el segundo en número de escaños en la Cámara baja, también se ubica en segundo lugar entre las bancadas con miembros incumplidores, con diez legisladores en falta sobre un universo total de 42 en esa bancada. La legisladora bonaerense Sandra Rioboo y el cordobés Heriberto Martínez Oddone son los que están más en falta, porque, además de la declaración de bienes de 2009, adeudan las correspondientes a los dos años anteriores.
Entre los 29 diputados del Peronismo Federal, hay cinco en la nómina de incumplidores, entre quienes se destaca Lorena Rossi (Río Negro), que tampoco presentó la declaración jurada de 2008.
Por otra parte, en el interbloque de centroizquierda que encabeza Fernando Solanas ("Pino"), los diputados en falta son tres, sobre un total de once: Jorge Cardelli, Victoria Donda y Cecilia Merchán. El único de los seis diputados del Partido Socialista que, al menos hasta ahora, incumplió con la normativa es Ricardo Cuccovillo (Buenos Aires).
El resto de los legisladores que están demorados en la presentación de su declaración jurada de bienes pertenecen a bancadas minoritarias. Jorge Montoya (Bloque Peronista), Daniel Brue (Frente Cívico por Santiago), Estela Garnero (Córdoba Federal), Carlos Favario (Demócrata Progresista), Susana Gardella (Corriente de Pensamiento Federal), Roberto Robledo (PJ La Pampa) y Mónica Torfe (Renovador de Salta). Esta última está entre los que tampoco presentó las actualizaciones de sus declaraciones de bienes correspondientes a los años 2008 y 2007.
DIPUTADOS EN FALTAFrente para la Victoria: 22
María Acosta, Hilda Aguirre de Soria, Raúl Barrandeguy, Nora Bedano, Mariel Calchaquí, Remo Carlotto, Rosa Chiquichano, Juliana Di Tullio, Susana Díaz, Juan Carlos Díaz Roig, Paulina Fiol, Nancy González, Rafael López, Timoteo Llera, Gustavo Marconato, Ariel Pasini, Julia Perié, Evaristo Rodríguez, Juan Salim, Rubén Sciutto, Gerónimo Vargas Aignasse y José Vilariño.
Unión Cívica Radical: 10
Mario Barbieri, Juan Casañas, Norberto Erro, Daniel Katz, Julio Martínez, Heriberto Martínez Oddone, Sandra Rioboo, María Luisa Storani, Silvia Storni y Carlos Urlich.
Peronismo Federal: 5
Eduardo Amadeo, Lorena Rossi, Raúl Rivara, Zulema Daré e Irma García.
Movimiento Proyecto Sur: 3
Jorge Cardelli, Victoria Donda y Cecilia Merchán.
Otros: 8
Jorge Montoya, del Bloque Peronista; Daniel Brue, del Frente Cívico por Santiago; Ricardo Cuccovillo, del Partido Socialista; Estela Garnero, de Córdoba Federal; Carlos Favario, de Bloque Demócrata Progresista; Susana Gardella, de Corriente de Pensamiento Federal; Roberto Robledo, de PJ La Pampa, y Mónica Torfe, del Partido Renovador de Salta.
QUE DICE LA LEY DE ETICA PUBLICA- Diez años de vigencia. La ley de ética pública fue sancionada en 1999, último año de gestión de Carlos Menem, con la intención de generar un sistema de control patrimonial de los funcionarios públicos.
- Declaración obligatoria. La norma establece la obligación para funcionarios de los tres poderes del Estado de presentar una declaración jurada de bienes al asumir sus cargos, la cual debe ser actualizada año tras año.
- Incumplimientos. A pesar del tiempo transcurrido, la ley todavía no llegó a instrumentarse en su totalidad, ya que sigue sin constituirse la Comisión Nacional de Etica Pública cuya misión es realizar un seguimiento de las rendiciones de cada funcionario comprendido por la norma.
- Fuente
.jpg)
